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La Revista Agraria Nº 50 - Lima-Perú, noviembre 2003

Editorial:

Aguas agitadas

El conflicto que en las últimas semanas enfrentó a Moquegua y Arequipa por el uso de las aguas del reservorio de Pasto Grande, encontró finalmente una solución transitoria: hasta fin de año se soltarán las aguas reclamadas por los arequipeños, mientras el Gobierno central transfiere el proyecto al gobierno regional de Moquegua -antes del próximo 15 de diciembre- y una comisión técnica estudia otras opciones para irrigar los cultivares del valle Tambo en Arequipa. El problema, pues, está lejos de haber sido resuelto; sólo ha sido desplazado para más adelante. ¿Qué pasaría si el estiaje se prolonga más allá de diciembre, agravando el déficit del recurso hídrico que afecta por igual a moqueguanos y arequipeños? Como es evidente, cualquier otra opción que pudiera haber para irrigar los campos de Tambo tardaría en cristalizarse. Por otro lado, la región Puno -donde nacen las disputadas aguas- ya cuestionó la transferencia del proyecto y reclamó su correspondiente derecho de uso.

Pero no es éste el primer ni único conflictivo caso por el uso de aguas o de otros importantes recursos naturales. En la presente edición hacemos un breve inventario de varios otros casos y conflictos en ciernes (ver págs. 8 y 9), casi todos ellos con más de un aspecto en común.

El primero tiene que ver con la superposición de funciones respecto a la gestión y uso de recursos que las normas de la regionalización no han terminado de resolver. Los límites de las cuencas hidrológicas no siempre coinciden con los ámbitos político-administrativos, por lo que su gestión debe involucrar a autoridades y usuarios de los distintos ámbitos. La legislación sobre aguas vigente prevé la constitución de autoridades por cuencas, pero éstas no se han constituido, en parte porque prevalece el tradicional manejo desintegrado de los recursos, y sin participación de los usuarios. Las decisiones sobre licencias, permisos o concesiones para la ejecución de proyectos urbanísticos, hidroenergéticos o mineros, las toman distintas instancias del Gobierno central (Agricultura, Energía y Minas, Vivienda) o regional y local, muchas veces sin considerar qué derechos de uso se están afectando. Peor aún, sin siquiera informar y consultar con quienes se verán afectados por tales decisiones. Ante esta situación, es urgente una revisión y armonización de la legislación sobre estas materias.

Por otro lado, el ingeniero Manuel Paullet -especialista en riego y gestión de aguas- ha hecho ver que las dos partes del conflicto no dejan de tener razón. Los del valle del Tambo desperdician el recurso en los arrozales, y los usuarios de Moquegua no son los dueños del agua. La solución pasa, entonces, por tomar decisiones, no sólo sobre a quién corresponden los derechos de uso, sino también sobre cómo y para qué tipo de cultivos se usan las escasas aguas. Ello supone la participación de diversos actores en la planificación y zonificación concertadas de los planes de cultivo y riego.

Por último, estando pendiente el debate sobre una nueva legislación de aguas que propone entregar los servicios de distribución a concesionarios privados, tanto los gobernantes de nivel nacional, regional y central, como los congresistas, deben tomar nota de que se trata de un tema muy sensible para amplios sectores de la población.

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