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La Revista Agraria Nº 50 - Lima-Perú, noviembre 2003
Coyuntura:
ALCA y TLC Del optimismo a la cautela
La declaración de la Octava Reunión de Ministros de Comercio -realizada en Miami el 20 de noviembre- orienta las negociaciones del ALCA al establecimiento de un conjunto "equilibrado" de derechos y obligaciones mínimos, de común aplicación en los 34 países participantes. Pero, al mismo tiempo, establece que los países pueden asumir "distintos niveles de compromisos" y acordar "beneficios y obligaciones adicionales" a las reglas básicas comunes, mediante "negociaciones plurilaterales" dentro del ALCA. Estas reglas básicas se acordarían antes de concluir el 2004, según el cronograma previsto, pero ha quedado pendiente establecer los procedimientos para arribar a tales acuerdos.
Un ALCA "a la carta"
De esa manera, no va más el objetivo inicial, impulsado por Estados Unidos, de alcanzar un amplio y único acuerdo de obligatorio cumplimiento por todos los países del continente americano y sobre todos los temas de negociación. Se reemplaza por lo que varios analistas llaman un ALCA "a la carta", ya que cada parte quedaría en libertad de decidir qué toma y qué deja del extenso "menú" que se encuentra en la mesa de negociaciones: acceso a mercados, agricultura, subsidios, servicios, inversión, compras del sector público, propiedad intelectual, etc.
Bajo esos términos, la reunión ministerial de Miami evitó repetir el fracaso de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizada el pasado octubre en Cancún (México), logrando conciliar las posiciones divergentes encabezadas por Estados Unidos y Brasil sobre los diferentes temas que se venían negociando, aunque ninguno de estos dos países haya renunciado a sus posiciones.
Así, Estados Unidos impuso su posición de no negociar la eliminación de sus subsidios agrícolas, postergando el tema hasta que la OMC tome acuerdos, aunque, como sabemos, en este foro global las negociaciones están empantanadas. Mientras tanto, EE.UU. plantea que todos los demás socios del ALCA abran sus mercados eliminando aranceles. Al mismo tiempo, mantiene intacta la posibilidad de establecer compromisos bilaterales o plurilaterales para liberalizar las compras estatales, los servicios públicos y los financieros, y para establecer regímenes de protección a los derechos de propiedad intelectual y de patentes que reclaman sus empresas. A cambio, ofrece abrir su propio mercado para determinados bienes producidos por los latinoamericanos, siempre que las exportaciones estadounidenses reciban igual trato.
Por su parte, Brasil -con el apoyo de Argentina- mantiene su resistencia a establecer acuerdos sobre estos últimos temas, por considerar que comprometen su capacidad de diseñar las políticas que más convengan a sus intereses nacionales de desarrollo. Los brasileños son particularmente reacios a suscribir acuerdos sobre propiedad intelectual, inversiones, servicios y compras gubernamentales, porque los términos planteados por los estadounidenses en el ALCA y en sus tratados bilaterales implican condiciones aún más duras que las establecidas en la OMC.
Algunos analistas consideran que el ALCA flexible y "a la carta", acordado en Miami, responde más al esquema propuesto por Brasil, en tanto este país mantiene la posibilidad de continuar negociando mejores condiciones de apertura para sus exportaciones y, al mismo tiempo, se reserva tomar acuerdos respecto a los puntos que considera sensibles. La misma prerrogativa, por cierto, la tienen los otros países. Sin embargo, hay quienes consideran que los riesgos no han desaparecido, e incluso pueden ser mayores para los países que están embarcados en negociaciones bilaterales para un tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Los riesgos del bilateral
En vísperas de iniciarse la reunión ministerial del ALCA en Miami, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, anunció "la intención" de su gobierno de empezar negociaciones para un TLC con los países andinos: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia -excepto Venezuela-. El anuncio fue oficializado a través de una carta enviada por Zoellick a su Congreso (ver "Los objetivos..."). Y es que, como no ocurre en el Perú ni en la mayor parte de países latinoamericanos, el Gobierno norteamericano debe contar con autorización expresa de su Congreso para negociar eventuales acuerdos comerciales. Se ha informado que la decisión se tomaría en 90 días. Pero eso aún está por verse, debido a que EE.UU. ingresa a un año electoral y los poderosos lobbys estadounidenses -que son contrarios a los TLC- pueden tener éxito en sus presiones. Sin embargo, por ahora, el gobierno de Bush sí está facultado para negociar acuerdos bilaterales o plurilaterales dentro del ALCA.
De cualquier modo, el anuncio de Zoellick fue celebrado aquí por el Gobierno y los sectores empresariales interesados en prolongar los beneficios que reciben de la Ley de Preferencias Andinas y Control y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés), en el mercado norteamericano, las exportaciones mineras, textiles y agroindustriales, más allá del 2006, cuando dicha norma perderá vigencia.
Sin embargo, del inicial optimismo se está pasando a una prudente cautela. Diversos sectores han señalado que negociar, por separado, con la gran potencia, nos debilita. Para empezar, ya se puso en evidencia que ni siquiera contamos con el número de negociadores capacitados en las diferentes materias, de modo que si lo hacemos junto con los países de la Comunidad Andina y el Mercosur, será posible compartir técnicos y gastos, además de fortalecer nuestra capacidad negociadora en los temas que son sensibles para nuestros países.
Incluso, el propio ministro de Comercio, Alfredo Ferrero, luego de perseguir obsesivamente un TLC bilateral y apoyar la posición norteamericana a favor de un ALCA amplio, reconoce ahora que el ALCA flexible acordado en Miami permitirá que el Perú pueda reservarse en algunos temas sensibles que "de repente no nos interesa profundizar". Entre esos temas sensibles está, en primer lugar, el agrícola, pero también los que tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual y la liberalización de inversiones y de servicios.
Corresponde, ahora, que desde el Congreso y la opinión pública se ejerza presión para que los distintos sectores de la población participen y sean informados y consultados sobre el rumbo de las negociaciones.
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