Esta incorporación fue acordada hace un año, durante la conferencia realizada por los 164 Estados partes de la Convención, al constatarse que la tala ilegal amenazaba con extinguir la caoba -principalmente en los bosques tropicales de la Amazonía-, al ser la especie tropical de madera más valiosa del mundo.

Su exportación genera más de US$100 millones anuales, informa la Cites. Un metro cúbico de caoba puede costar alrededor de US$1,300 en el mercado internacional, y un solo árbol puede producir artículos de alta calidad por un valor superior a los US$100 mil. Se calcula que, el año 2000, América Latina exportó alrededor de 120,000 metros cúbicos de caoba, principalmente hacia los Estados Unidos, país que consume el 60% del mercado total de la caoba.

Esta especie crece en los bosques tropicales, desde la parte meridional de México hasta la cuenca amazónica, aunque su área de distribución se ha fragmentado y muchas poblaciones han disminuido drásticamente. En América Central, por ejemplo, esa disminución es de un 70% durante los últimos 50 años, y se considera que la especie está comercialmente extinguida en El Salvador, Costa Rica y Honduras, así como en varias partes de América del Sur. Las principales poblaciones de caoba se encuentran, todavía, en Brasil, Bolivia y Perú.

En el Perú, la caoba es aprovechada desde la época colonial. Pero es durante el siglo XX que en muchos lugares de la Amazonía se arrasa con la especie, hasta el extremo de que en algunas zonas no hay regeneración natural debido a que en la explotación de los bosques se han extraído hasta los árboles semilleros.

La regulación del comercio internacional de la caoba exige, a los países exportadores e importadores, que se asegure -mediante el permiso Cites- que la madera fue cosechada legal y sosteniblemente. Es decir, que ha salido de bosques explotados con un adecuado plan de manejo que garantice, además del desarrollo futuro de la caoba y de las especies de flora y fauna que habitan en el bosque, condiciones económicas y laborales justas para quienes trabajan en su extracción. El cumplimiento de estas exigencias compromete tanto a los extractores -pequeños y grandes-, a los exportadores e industriales madereros, así como al Inrena y demás instituciones del Estado, que deben velar para que no se pretenda eludir la ley mediante autorizaciones transitorias que continuamente se renuevan o -lo que es peor- mediante actos de corrupción de funcionarios.